No quisiera estar en la piel (si se cumplen todos los parámetros) del jefe u ofial del ejército de tierra español a quién se le asigne la misión de detener al presidente de la Generalitat de Catalunya allá por mediados del 2015.
Puede sonar extraño que esto se diga a principios de octubre de 2013. Pero más vale dejarlo escrito por sí acaso.
Dadas las posturas alejadas entre el gobierno de España o el PP y el GOVERN de Catalunya o CDC y ERC. No me he olvidado de Unió pero está jugando con dos o tres barajas antes de llegar a romperlas, si es que las rompe. Dada la lejanía entre unos y otros no será de extrañar que el Parlament apruebe una Ley de Consultas que permita convocar un referéndum con el fin de cumplir la promesa electoral de hacerlo en el 2014. Tampoco será de extrañar que el Gobierno de España, el PP y el PSOE, también UP y D y otros satélites recurran esta ley catalana al Tribunal Constitucional.
A partir de ese momento se abren dos posibilidades. Una la inteligente es que los partidos centralistas permitan al Tribunal hacer un trabajo a largo plazo sobre dicha ley y pueda convocarse la consulta en Catalunya al amparo legal de la seudódicha. Otra la de confrontación, consistirá en que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la ley de Consultas del Parlament y el president de la Generalitat convoque elecciones plebiscitarias para mediados de marzo del 2015. Los partidos soberanistas se presentan con un punto programático: en caso de victoria proclamar la independencia de Catalunya de forma unilateral tras la elección del President en acto parlamentario.
Los soberanistas van y ganan con mayoría absoluta en la Cámara. Por lo tanto ya tenemos servido el principio del conflicto. Ese día, preveo una manifestación frente al edificio del Parlament de, al menos tantos como en la “mani” del 11 de septiembre de 2012, donde empezó todo esto.
El president obediente al mandato electoral, proclama la independencia. Según las leyes actuales, Código Militar incluido, se comete un delito de sedición grave aunque no estemos en tiempos de guerra y por tanto el estamento correspondiente, en este caso el militar, deberá proceder a restablecer el orden constitucional. Todo como garante de la unidad territorial española. Casi nada.
Insisto pese a la obediencia debida que compromete a un militar yo no quisiera estar en la piel del Jefe u Oficial que tenga que detener al President de la Generalitat ese día.
